''La policía nos persigue como si fuéramos hampones… ''

El bicitaxi es el sustento para más de 5.000 familias en Bogotá, según Wilson Castaño. 

Desde hace 10 años, el transporte ilegal en Bogotá es el fenómeno que se presenta en materia de movilidad como respuesta a la falta de transporte público legal en los barrios de menor acceso a las vías principales de la capital colombiana.

Por Fabián Carrascal

Desde la aparición del bicitaxi hasta hoy día, el servicio se ha hecho en busetas, en camionetas de servicio público especial, en taxis, tricimóviles y mototaxis. Estos medios sirven  como “alimentadores” de TransMilenio en zonas donde no hay cobertura de rutas oficiales. Los 13 barrios donde existe este fenómeno son: Patio Bonito, Abastos, Toberín, Usaquén, Bosa, Kennedy, Suba, San Miguel, Salitre, Teusaquillo, Barrios Unidos, Tunjuelito y Puente Aranda.

Sobre la carrera 30, al bajar el puente de la estación de Transmilenio de Simón Bolívar, se ubican 15 conductores de bicitaxis quienes prestan el servicio a los habitantes de los conjuntos residenciales más lejanos del barrio San Miguel como: “Caminos del Viento” y “Modelo Norte”. Cobran de $700 a $1.500 por pasajero dependiendo de la distancia. Los conductores, dos veces a la semana, tienen que dejar de prestar el servicio debido a los controles de la Policía de Tránsito. Wilson Castaño, conductor de bicitaxi, está muy inconforme con las medidas de control: “La policía nos persigue como si fuéramos hampones y nos quitan los carros dizque porque somos ilegales y pues hasta donde yo sé la ilegalidad es vender contrabando, vender cd´s piratas y estafar. El tránsito hace bajar a los pasajeros y le piden la cédula abusivamente; nos incautan el carro y los llevan para los patios y allá dura entre 20 y 40 días. Nos toca pagar entre $150.000 y $350.000 para recuperar el carro, que para mí es un abuso con la gente que no tiene.”

Bicitaxis ubicados en la estación de Transmilenio Simón Bolívar

La situación de los mototaxistas es similar. Se ubican en diferentes lugares como la calle 116 con Boyacá y en la calle 80 con carrera 119; utilizan casco, chaleco y en la parte posterior tienen un aviso que dice: “Mototaxista, trabajador honrado”. El único factor que los diferencia de los bicitaxis es que este grupo de 12 motociclistas cobra $1.500 en zonas aledañas y entre $8.000 y $13.000 en las más distantes, como el centro de Bogotá. La gran mayoría de vecinos del sector tiene conocimiento sobre la ilegalidad y los riesgos de este medio pero afirman que la necesidad los obliga a tomarlo porque el transporte y las rutas de buses es insuficiente, tal es el caso de Carolina Pinilla, quien utiliza el mototaxi para ir a la Universidad. “Yo tengo que decir que es un poquito inseguro porque uno va muy expuesto…El mototaxi tiene la capacidad de escabullirse entre los carros, es más ágil el recorrido y más económico… Sí, sí sabía que es ilegal pero lo cojo es por la necesidad, por el afán, por todo. Nunca he visto a los tombos jodiendo, están por la zona pero no les dicen nada y hasta que no lo hagan no lo dejaré de utilizar”.

Las personas que prestan el servicio se han reunido en varias oportunidades ante la Secretaría de Movilidad y la gobernación de Cundinamarca radicando procesos de petición para exigir su legalización. Tal es el caso de la Federación Ecológica de Tricimoviles de Colombia (Fecotricol) que con ayuda del entonces Concejal Carlos Orlando Ferreira presentaron el proyecto de acuerdo 244 de 2011 para que el bicitaxi dejara de estar en la marginalidad. Sin embargo el Distrito hizo caso omiso a la petición que ya se encontraba establecida en la sentencia C-981 de 2010 de la Corte Constitucional. “Personalmente yo sí apoyo el transporte y su legalización, las personas que lo hacen sólo están prestando un servicio que no contamina ni nada. Para los carros debe ser incómodo. Pero como usuario yo digo que deberían crear normas para legalizarlo”, afirma Luis Fernando Blanco, usuario de bicitaxi.

Según un informe publicado en la página oficial de la  Secretaría Distrital de Movilidad, el servicio de transporte se debe prestar con equipos autorizados y matriculados previamente homologados ante el Ministerio de Transporte. De igual manera, comunican que  la prestación del servicio es ilegal en la medida en que la actividad de conducir un vehículo es considerada una actividad de riesgo y requiere de responsabilidad civil y contractual; por ende, hasta que no exista una normativa diferente en materia de responsabilidad para el conductor y para el pasajero no será legalizado.

En la sentencia C-981 del primero de diciembre de 2010, la Corte Constitucional estableció la aplicación de la infracción a que las entidades territoriales reglamentaran las condiciones bajo las cuales se puede prestar el servicio de transporte público en vehículos no motorizados en sus jurisdicciones. Desde esa fecha la Secretaría Distrital de Movilidad no ha reglamentado la prestación del servicio de transporte público en vehículos no motorizados porque sugieren que el Concejo Distrital de Bogotá es la entidad competente para expedir este proyecto de conformidad con los numerales 1º y 19º del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, que expone: 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito (…)y 12. Dictar normas de tránsito y transporte.

Actualmente, la Secretaría Distrital de Movilidad espera que con la inauguración de la primera etapa del proyecto del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), el pasado 30 de Junio de 2012, se pueda cubrir las rutas que han sido invadidas por el transporte ilegal en Bogotá con el fin de garantizar gradualmente la conectividad, cobertura y accesibilidad para toda la población de la Ciudad.

Prestación del servicio de bicitaxi en el barrio San Miguel