Agujeros en el bolsillo del Estado

Por: Diana Paola Avendaño
@Pao_Sandoval10

Según el último informe realizado por la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, el Estado Colombiano se está defendiendo de más de 12.657 procesos, los cuales suman cerca de 214 billones de pesos, cifra que es superior al presupuesto nacional de este año (185 billones). 

Constantemente los colombianos escuchamos que los medios informan sobre demandas que grandes personajes de la opinión pública le han hecho al Estado; un caso que muchos recuerdan tiene que ver con la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, la solicitud que la política franco-colombiana realizó requería una indemnización por la tristeza, enfermedad, el fallecimiento de su padre y el salario que dejó de recibir, reparación que en términos monetarios corresponden a mil 781 millones de pesos.

No obstante, estos no son los únicos casos a los que debe responder la justicia colombiana, al contrario, según un estudio realizado por la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación se encontró que en los tribunales administrativos del país hay más de 12 mil procesos por personas detenidas injustificadamente que reclaman 19 billones de pesos; sin contar con las demandas por violación a derechos humanos, abuso de la autoridad, entre otras.

El abogado Ricardo Charry, especialista en derecho público y administrativo, argumenta que “existen principalmente tres motivos por los cuales las personas demandan constantemente al Estado: el primero, corresponde a la violación de los derechos humanos; el segundo, es la ineficiencia de la administración pública; y la tercera, las acciones de la fuerza pública en forma desmedida”

Según el principio del derecho público es responsabilidad del Estado reparar todos los daños ilegítimos que se causen a los ciudadanos, a esto se le denomina responsabilidad extracontractual. Pero ¿sabe usted cuánto le cuesta al Estado cada uno de estas negligencias?

Según la Corporación Excelencia en la Justicia las demandas más frecuentes contra el estado colombiano en el sistema internacional de derechos humanos se originan por las masacres. Entre las más recordadas está la de Mapiripán, Pueblo Bello, Ituango y La Rochela; estas demandas generaron un gasto aproximado a 23'479.000 dólares. Actualmente cursan más de 130 procesos, de los cuales 50 se encuentran etapa de fondo, se estima que en caso de resultar adverso al Estado colombiano se tendrían que pagar condenas que ascienden los de 100 millones de dólares.

La segunda causa y probablemente la que más daño ha generado tiene que ver con responsabilidad extracontractual del Estado, como fallas en la prestación de servicios, temas relacionados con la Fuerza Pública y las falencias en la administración de justicia. Esta última es la causante de que existan 12 mil 675 procesos en los tribunales, donde cada demandante exige en promedio 1.700 millones. La Agencia de Defensa Jurídica de la Nación tuvo que pagar en el 2012 casi 80 mil millones en condenas por casos de años pasados, la mayoría por detenciones injustas.

Santiago Hernández, experto en finanzas y gobierno, afirma que “entre el 80% y el 90% de lo que recibe el Estado lo hace por vía tributaria, los principales medios de recaudo son los impuesto al patrimonio, impuestos a la renta, y el IVA; y eso lo pagan los civiles y los grandes contribuyentes; es decir, nosotros. Por eso es que podemos decir que las negligencias del Estado las terminamos pagando todos los ciudadanos”.

Carlos Valderrama, demandante, asegura que “así como yo hay muchas personas que exigimos al estado que nos reparen por la violación de nuestros derechos, es que es una falta de respeto que paguemos tantos impuestos y no estén las tapas de las alcantarillas, por casos como este es que acudimos a abogados especialistas que nos apoyen”

Carlos Pinilla, abogado de la Universidad Externado de Colombia, sustenta que “la única forma de evitar que los impuestos de los colombianos se gasten en demandas que no deberían existir es la educación, pues su falta de responsabilidad y compromiso son los causantes de estas grandes pérdidas”.

El director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, confirmó que hasta agosto el recaudo tributario creció en un 25 por ciento respecto al mismo mes del 2012. Hasta el momento el Gobierno cuenta con 71,5 billones de pesos; sin embargo, la meta debe alcanzar 102,3 billones de pesos. Para el 2013, el Presupuesto General de la Nación estima casi un billón de pesos en pagos de demandas y conciliaciones.