"Nuestra libertad es igual de débil”

Los casos en que se amenaza, atenta y asesinan periodistas siguen en aumento. Recientemente, el intento de homicidio contra Ricardo Calderón, jefe de investigación de la revista Semana, puso en alerta máxima al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, y al presidente de la República  Juan Manuel Santos. Aunque, según la FLIP, desde el año 2010 este tipo de casos ha disminuido, en lo que va corrido de este año se han registrado 55 víctimas. 

Por: Fabian Carrascal

La serie de panfletos y amenazas de las que han sido víctimas algunos periodistas en los últimos días han hecho que el presidente se pronuncie al respecto. En el marco del foro sobre la “Libertad de Prensa en Colombia y otros derechos” realizado por la Fiscalía el 14 de mayo, en repetidas ocasiones tildó estos actos como “repudiables” y afirmó que “no puede haber buen gobierno sin libertad de prensa…la libertad de prensa y de expresión dan derecho a la critica que es la esencia de la democracia…durante toda mi vida he defendido ese derecho de forma clara y contundente”

Presidente Juan Manuel Santos en el foro
 "Libertad de prensa en Colombia y otros derechos"

“Se le informa a todos los vallenatos que a partir de este momento los siguientes periodistas (sapos), son declarados objetivo militar y tienen 24 horas para salir de la ciudad”. Estas fueron las palabras con las que el Ejército Anti restitución de tierras se refirió a ocho periodistas de Valledupar, departamento del Cesar, en un comunicado con fecha del 5 de mayo del presente año. Entre los amenazados que se mencionaron en el panfleto se encuentra Herlency Gutiérrez (RCN Radio), Katia Ospina (Noticias UNO y CM&) y Renier Asprilla (El Heraldo).  Según la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) se cree que las intimidaciones radican en que los periodistas cubrían temas de orden público y judicial y que en los dos últimos meses habían publicado noticias relacionadas con restitución de tierras y víctimas que adelanta el gobierno Santos en la zona.

El caso de los periodistas en el departamento del Cesar y el reciente atentado contra Ricardo Calderón, quien adelanta una investigación donde se denuncian los privilegios de algunos militares que están detenidos en la base militar de Tolemaida, en el departamento de Tolima, son algunos motivos por los que los grupos insurgentes y organizaciones económicas amenazan y atentan contra los periodistas.

Jorge Cardona Álzate, editor general de El Espectador, rechaza todas las intimidaciones que han ocurrido el último mes y está seguro de que merecen toda la investigación del Estado y todo el repudio del periodismo colombiano. Así mismo, atribuye estos actos a una cantidad de situaciones de carácter coyuntural: “El primero, son raíces históricas que siempre han determinado un escenario muy complejo; y segundo, es un tema que apenas culturalmente se ha venido entendiendo su dimensión…esto hace que todavía sea muy complejo el ejercicio de la prensa en Colombia”.

En el artículo 20 de la constitución “se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, de informar y recibir información veraz e imparcial, y fundar medios masivos de comunicación), sin embargo, María Jimena Duzán, columnista de la revista Semana, quien en muchas oportunidades ha sufrido atentados por parte de los grupos insurgentes mantiene que el problema no es la defensa que le ofrece el Estado a los periodistas definida en el artículo 20 de la constitución política sino, que se la atribuye a diferentes factores de ordenamiento social: “…aquí las instituciones democráticas son muy débiles: no hay justicia, no hay salud, no se cumple la constitución y proporcional a eso nos pasa a nosotros lo mismo, nuestra libertad es igual de débil”.

En Colombia podemos ver una clara división de voces para lograr identificar los verdaderos responsables de las intimidaciones a los periodistas. En el foro, Hollman Morris, gerente de Canal Capital,  dijo que fue objeto de dos detenciones arbitrarias y la más inclemente persecución y cacería criminal del DAS. Mientras que el presidente Santos sostuvo claramente quiénes son los responsables de las intimidaciones y atentados en zonas rurales o urbanas: “(…) los ataques a la prensa en Colombia no han venido del gobierno, sino de actores como las FARC y los grupos guerrilleros (…)”

En el reporte que anualmente emite la FLIP, en lo que va corrido del año son 55 los periodistas que han sido víctimas de todo tipo de restricción contra el ejercicio de libre expresión y divulgación de información. La amenaza directa encabeza el listado con 30 casos, seguido de la obstrucción del trabajo en cualquier parte del territorio colombiano, con 20. El exilio, el trato inhumano y desagradable, y los heridos en cubrimiento son las acciones que reportan menos victimas.

Las amenazas y atentados que se hacen contra los periodistas demuestran la magnitud del obstáculo que son los medios de comunicación en Colombia para las organizaciones delincuenciales implicadas en cualquier tipo de irregularidad. El papel de los medios y el de la justicia debería ser la voz de los menos favorecidos.