por: Diego Ruiz Cangrejo @Diegorko
“Si alguien busca la salud, pregúntele si está dispuesto a evitar las causas de la enfermedad; en caso contrario, absténgase de ayudarle”, en esta frase se resume gran parte de la esencia de la salud pública la prevención. Pero el ministro de Salud Alejandro Gaviria, piensa distinto. Considera esencialmente que el problema del sistema de salud colombiano es el manejo y control de los recursos. Bajo esta premisa la reforma a la salud le quita en concreto los recursos a las EPS, creando la entidad estatal Mía Salud, entidad del Estado que administrará todo el tema financiero del sector. La nueva entidad reemplazará el Fosyga que actualmente es la encargada de estos recursos.
En este contexto se manifestaron sectores de oposición. Un equipo integrado por los defensores del derecho a la salud sin límites, junto con una buena parte de los médicos, de los profesores y estudiantes, quienes criticaron la iniciativa, ya que a su entender, se condicionan los servicios complementarios a la capacidad de pago de los colombianos, “Es inadmisible que en la Ley aprobada se limite el derecho a la tutela, ya que al existir una lista de exclusiones y crear una Junta Médica para resolver los conflictos de diagnóstico, se coartan las decisiones de los jueces”, afirmó el senador Juan Carlos Avellaneda.
Para el Gobierno, en la nueva reforma los usuarios van a tener el paquete de beneficios establecidos con referencia al actual POS. Estos beneficios del usuario se basarán en un plan de exclusiones explícitas, es decir, se va a generar un mecanismo técnico-científico para definir servicios, medicamentos y tecnologías que no cubrirá el sistema. Se hará a través del Instituto de Evaluación de Tecnologías, con ayuda del Invima, sociedades científicas y de pacientes. Lo que pretende el Gobierno es que con este proceso participativo se reduzcan las tutelas al sector que el año pasado sumaron 114.313.
Por otra parte los impulsores del proyecto, representantes del gremio de las EPS (ACEMI) y Fedesarrollo, junto al Gobierno, fijaron límites al PIS (Plan Integrado de Salud), para utilizar la Ley Estatutaria con el fin de eliminar los recobros y presentar un camino alterno al uso de la tutela, aceptando como límite al derecho a la salud el principio de la sostenibilidad fiscal. “No podemos tenerle miedo a las alianzas público-privadas porque esa es una oportunidad para que se puedan conjugar intereses de ambos sectores y podamos atender el tema de la salud”, afirmo el senador Guillermo Santos defensor de la iniciativa.
El vocero de los pacientes en Colombia, Denis Silva, sostiene que la reforma no resuelve nada, incluso argumenta que la iniciativa limita los beneficios de la gente, porque impide el acceso a elementos del actual no POS, “Esta reforma tiene cara de derecho, pero alma de negocio. Reduce el problema de la salud a la atención en paquetes de beneficios con ánimo de lucro, y la sostenibilidad fiscal pasa de una regla básica a un principio” afirmó.
Po otro lado el Ministro sostiene que uno de los nuevos beneficios de los usuarios frente a las nuevas gestoras o EPS es que estas tendrán mayores controles e incentivos económicos si mantienen a sus afiliados en buenas condiciones de salud. Aunque estas entidades ya no manejarán recursos, no podrán prestar un servicio de mala calidad, pues una de las funciones que tienen las EPS como gestoras, es representar al usuario ante el prestador del servicio pero si el gestor mismo es el prestador, entonces, ¿cómo hace valer el interés del usuario ante quien le presta los servicios médicos?, ese el principal cuestionamiento frente a la integración vertical que tenían EPS e IPS: el conflicto de intereses que se da cuando la EPS es dueña de las clínicas que prestan los servicios al usuario. Al dividir una actividad de la otra la reforma elimina ese conflicto.
Con estas iniciativas se busca que la salud sea reconocida como un derecho, que se mejore la atención, el bienestar de las personas y la vida digna; también que el Estado sea el garante y arbitre los intereses, que se eliminen los copagos y las cuotas moderadoras, para crear un sistema unificado. Finalmente, tanto Gobierno como detractores aseguran que seguirán explorando alternativas que permita un sistema de salud idóneo y que beneficie a los colombianos.
