Zona de Explotación de la Mina La Colosa. Fotografia del CREPAD |
En Colombia parece ser que el capital ambiental que se tiene es de poca importancia. Con qué facilidad los gobiernos de turno han puesto en oferta la explotación de los recursos a las multinacionales, y no han previsto los impactos que estos proyectos pueden ocasionar en el ambiente y en el desarrollo de las comunidades. La explotación de oro de la mina La Colosa por la multinacional AngloGold Ashanti (AGA), en el municipio de Cajamarca -departamento del Tolima- provocará unas consecuencias ecológicas irreversibles, como la destrucción de la red hídrica que dejaría a Ibagué y a otras ciudades sin agua, la pérdida de reservas naturales y páramos y la posible variación de la actividad volcánica del Cerro Machín.
En el año 2006, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez le abrió las puertas a la empresa Sudafricana AngloGold Ashanti, y le concedió la licencia de exploración minera de La Colosa, para explotar el oro durante 15 años. Actualmente AGA está presente en 20 departamentos del país, y tiene posesión de derechos (en títulos mineros) sobre nueve mil 920 kilómetros cuadrados de territorio nacional, es decir, casi siete veces Ibagué.
Esta decisión ha generado controversia y oposición por parte de los habitantes de la región y por instituciones ambientales que evidencian un problema ecosocial de grandes proporciones. “Las actividades inherentes a la explotación minera tales como el uso excesivo de material explosivo para remover la roca, afectarán el sistema de fallas que atraviesa la zona donde está el Cerro Machín y es de esperar que las condiciones tectónicas regionales incidan en una posible erupción que afectaría cuatro departamentos: Cundinamarca, Quindío, Valle del Cauca y Tolima”, dice Eduardo Rodríguez, director de la Secretaría del Medio ambiente y Gestión de Prevención del Tolima.
Si este megaproyecto llegara a su etapa de desarrollo, la cuenca hidrográfica del río Coello se vería amenazada y con ella 161 nacimientos de agua. Además, se vería comprometida la región conocida como el “Plan del Tolima”, constituida por importantes despensas de alimentos que son determinantes para la economía agrícola de la región y el país en general. La puesta en marcha del proyecto cambiaría la vocación productiva de la región y acabaría con miles de trabajos agrícolas, a cambio de 500 puestos de trabajo que generaría en el período de ejecución; tema que ya se ha puesto en duda con las recientes protestas del 10 de septiembre, donde los camioneros se movilizaron para poner en evidencia que los contratos con la minera no son estables como se les había prometido.
Otro problema que afectaría el equilibrio ambiental y la biodiversidad de la región, es el de los lixiviados y los desechos químicos, que no sólo dañarían los páramos, sino también los sistemas de aguas subterráneas. “La mina se encuentra en una zona de alta actividad volcánica asociada al cerro Machín, con lo que se aumenta el riesgo de una tragedia ambiental por la ruptura del dique de las piscinas con agua cianurada, los cuales contaminarían los ríos y las aguas subterráneas de la zona”, dice Ulises Guzmán, geólogo de CORTOLIMA.
Por otra parte, se pone en juego una zona agrícola por el efecto del tipo de explotación minera que se realizaría en La Colosa, esta se convertiría en la mina a cielo abierto más grande de Sudamérica. El problema, es que al erosionar el suelo se pierde el área fértil de cultivo, lo que implica una lesión irreversible para los campesinos y cultivadores del municipio. “La deforestación y los impactos por la actividad minera, como la erosión y la sedimentación, son problemáticas de importancia que se identifican como retos para los actuales procesos de desarrollo y que ameritan ser analizadas para efectos de proyectar el futuro del territorio municipal, teniendo en cuenta que el daño que ocasionará a esta región agrícola del país será definitivo”, dice Omar Montenegro Ramos, ingeniero forestal especialista en suelos del Instituto Colombiano Agropecuario ICA.
Son muchas las razones expresadas por diferentes sectores sobre la inconveniencia de seguir adelante con este proyecto, la empresa minera (AGA), ha recibido cuestionamientos respecto a su ética empresarial, ha estado vinculada a procesos de violación de derechos humanos, y en el manejo ambiental no ha tenido las mejores calificaciones. El ecosistema de Cajamarca es muy sensible y si se continúa con la explotación estaríamos frente a una tragedia anunciada.
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